El pasado viernes 31 de Octubre, ante un auditorio colmado, el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (RNCT) presentó su informe anual correspondiente al período 2013 que arrojó una cifra alarmante: 1151 personas denunciaron ser víctimas de, al menos, tres hechos de tortura en distintos establecimientos de encierro. Los damnificados, que en su mayoría son varones y jóvenes entre los 18 y 34 años, son sometidos además a pésimas condiciones materiales de detención, amenazas y a una precaria asistencia a la salud.
La presentación, realizada en el
salón “Eva Perón” del Senado de la Provincia de Buenos Aires, fue encabezada
por el Presidente de la Comisión por la Memoria y Premio Nobel de la Paz Adolfo
Pérez Esquivel, y la Presidenta del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y
Derechos Huamanos (GESPDH) Alicia Daroqui. Además participaron el Procurador
Penitenciario de la Nación Francisco Mignolo y la Presidenta de la Asociación
Civil de Familiares de Detención en Cárceles Federales, Andrea Casamento.
El informe, que aborda la tortura
desde una perspectiva multidimensional, está basado en una exhaustiva
investigación realizada en 26 unidades penales y una alcaldía penitenciaria del
Servicio Penitenciario Bonaerense, en 4 institutos de menores, 1 comisaría, 1
hospital neuropsiquiátrico de la Provincia de Buenos Aires y 8 unidades penales
del Servicio Penitenciario Federal.
Las 1.151 víctimas describieron 3.687 hechos de malos tratos y/o torturas. En promedio, en los 2
meses previos a la entrevista, cada víctima padeció más de 3 del máximo de 11
tipos de tortura y/o malos tratos que permite registrar el instrumento. Si bien las agresiones físicas siguen siendo la práctica de mayor
frecuencia (expresada en distintas modalidades de tortura como golpes y el uso
de la picana) con un 84,4% de víctimas, no es menos significativa la práctica
de aislamiento con 62,3%. Le siguen la falta de asistencia a la salud, las
malas condiciones materiales de detención y las amenazas, con 38,3%, 33,7% y 31,7%
respectivamente.
Entre las víctimas, el 95,7% eran varones, pero también se relevaron
46 casos de mujeres y 4 de mujeres transexuales.
Asimismo, se trata de una población principalmente joven, con 8 de cada 10
víctimas de entre 18 y 34 años de edad.
Violencia de Estado
“Las cárceles y comisarías no pueden ser depósitos humanos”, sostuvo Pérez Esquivel al inicio de la presentación e indicó que “la Comisión por la Memoria viene realizando inspecciones en los lugares de encierro de la provincia, pero la sociedad debe actuar, porque si bien se hacen controles, la prácticas continúan”.
Los funcionarios y representantes de las ONG expresaron su preocupación por el avance de las prácticas crueles y reclamaron mayor atención del Estado. Francisco Mignolo señaló que “Nadie puede negar que en este país se tortura. Falta acción concreta del Estado para superar la impunidad con la que se opera en estos ámbitos. Resulta que mientras nosotros estamos discutiendo estas cosas, hay gente en la cárcel que está sufriendo enormemente”. En este sentido Andrea Casamento afirmó que “el Estado, por acción o por omisión es el que hace estas barbaridades y ni nosotros ni nuestros familiares somos considerados víctimas, sino seres indeseados”.
Posteriormente,
Casamento compartió algunas experiencias concretas que han debido afrontar sus
familiares detenidos cuando padecen trasladados en condiciones infrahumanas, o
sufren la falta de atención médica, o son sometidos a una desvinculación de su
entorno social: “todo se aprende: a ser padre, a trabajar ¿Cómo pretenden que
sea buen padre, una persona que estuvo 16 años presa y que la cárcel lo
desvinculó de su familia? Lo que se generan son personas discapacitadas”.
Alcira Daroqui, por
su parte, expresó que “las cárceles y el sistema penal son un eslabón básico
para el sistema de clase imperante”, y se manifestó escéptica de que el Estado
haga algo para revertir esta situación, ya que “administra un sistema que
necesita seguir reproduciendo la desigualdad”.
El Registro Nacional de Casos de Tortura
Creado en 2010 por un acuerdo intercultural entre la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM), la Procuraduría Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, el RNCT es el primer registro nacional que da cuenta sobre la tortura. El actual director de la Comisión por la Memoria, Ricardo Cipriano García, recordó los inicios de dicho ente, y remarcó la activa participación de la CPM: “el Poder Ejecutivo nunca iba a hacer este registro, porque implicaba visibilizar la tortura. Por eso nos juntamos los organismos públicos autónomos y lo hicimos. Ante este diagnóstico, la CPM viene realizando una serie de acciones jurídicas a fin de que el Estado se comprometa a cambios profundos, que modifiquen las políticas penitenciarias y de seguridad.”
En ese sentido, la Comisión participó el pasado miércoles, de una reunión de trabajo en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en el marco de las medidas cautelares dictadas por este organismo sobre el complejo penitenciario de San Martín (MC104/12), que fueran peticionadas por la CPM y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Ysmael Guañabens
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