
En el año 2005, el Congreso sancionó la Ley 26.061 de
Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que
obliga a reformular radicalmente la ley de adopción dado que muchas de sus
disposiciones vulneran seriamente los derechos reconocidos a los niños, niñas y
adolescentes por la nueva normativa. A su vez la ley 26.061 fue la oportunidad
para adecuar definitivamente la ley de adopción a los lineamientos de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño, tratado que goza de
jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994.
Bajo la reglamentación actual, a un niño se le va la
infancia esperando que lo adopten. Hasta diez años demora el trámite porque no
existen plazos para la Justicia. Con la nueva norma, los jueces deberán definir
las causas en un tiempo no mayor de seis meses. Si entre el niño y la familia
adoptante todo se encuentra en orden el juez tiene un plazo de 180 días para
autorizar el inicio del juicio de adopción. También los tiempos de la guardia
provisoria se reducen notablemente.
Según la nueva normativa en debate la adopción plena
es irrevocable y confiere al adoptado una filiación que reemplaza la de origen
y garantiza la defensa de sus derechos. Hasta ahora, en el debate parece haber
acuerdo en que los convivientes cuenten con esa posibilidad de adoptar en
igualdad de condiciones y derechos ante el menor.
DISTINTAS
VOCES SOBRE UN MISMO TEMA
La diputada nacional por el PRO, Patricia Bullrich,
quien firmó uno de los proyectos de modificación de la ley de adopción sostiene
que “lo mejor para los niños es ser criados en el seno de una familia, y así
con el sistema tal como está, ese derecho no se cumple. Existe por ejemplo algo
muy cruel que es que si a los chicos que están en hogares algún familiar
certifica que los va a visitar al menos una vez por año esos niños no pueden
ser entregados a otra familia”.
Victoria Donda, diputada nacional de Libres del Sur,
quien también acompaña los cambios en las normativas de la ley, sostuvo la
importancia de la renovación de la ley: “la principal falencia de la
legislación vigente es que es muy escueta, y deja sin regular muchos aspectos
importantes. Los plazos, el modo en que los niños entran en estado de
adoptabilidad, los mecanismos para dar y postularse para adoptar, entre varias
otras cosas, que terminan convirtiéndose en trabas e indefiniciones que tienen
como resultado la crisis actual del sistema”.
Gabriel Lugones, abogado platense y adoptado, es otro
de los que respalda el nuevo proyecto de ley. Consultado
sobre las dificultades a la hora de la adopción, dijo lo siguiente: “Hay que
pensar y analizar los valores que entran en juego, porque si bien como regla no es absoluto, hay
familias que están dispuestas a entregar ó dejar en situación de adopción ó de abandono
a sus hijos. Lo que se quiere evitar es
perder el vínculo filial por
pobreza. No por pobre hay que sacarle al chico, esto sería atroz”.
TRÁFICO DE
BEBÉS Y ADOPCIÓN
Otro de los problemas a enfrentar por la nueva ley de
adopción es el tráfico de bebés. Julio César Ruiz, representante de la ONG
“Fundación Adoptar” afirma que “el país está dividido en tres zonas donde esta
práctica ilegal se lleva a cabo: la primera de ellas, son las que componen las
provincias del nordeste de Argentina: Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes,
Entre Ríos y Santa Fe. La segunda, es Añatuya, en el Departamento Taboada,
centro principal y sede del poder judicial, económico, político y eclesiástico
del sureste de Santiago del Estero. La tercera es la zona de Cuyo (San Juan, La
Rioja, San Luis, Mendoza), por poseer, todas las características geopolíticas
para tales actos delictivos y su cercanía con la frontera”.
“En este sentido, la diferencia con el resto de las
demás provincias Argentinas, es que puede y de hecho las hay, las llamadas
entregas de bebés, pero no infraestructuras específicas como en aquellas otras
preparadas de modo “ad hoc”. Una serie de factores han ido contribuyendo, a través del tiempo
para que se visualice este fenómeno. Uno de ellos, es el que cimentó la base
cultural de sus habitantes como es la ideología que ‘los niños se crían mejor con familias pudientes’”, agregó el
miembro de “Fundación Adoptar”.
Consultado sobre los traficantes, Ruiz contestó que
“ellos están perfectamente identificados judicialmente, a través de nuestras
denuncias penales. Pagan por cada bebé, desde una bolsa de harina -con la cual
los hogares dadores dan de comer tortilla horneada por un mes a los demás niños
que tienen-, hasta un artículo para el hogar como una licuadora o un ventilador”.
La pobreza según se sabe, es un condicionante
fundamental a la hora de la decisión de entregar un bebé a los traficantes. Si
bien esta discusión surge dentro del marco de la ley de adopción, no es la
misma quién debe encargarse de solucionar la falta de recursos, sino el Estado.
Lugones, sostiene que “uno de los problemas que trae
esta mezcla de mala ley y mala cultura de los adoptantes es que por una
cuestión de practicidad se van al interior a buscar un pibe de una familia
humilde, y después los llevan y los anotan como nacidos. Existe arrebato y
comercio de bebés: vos sos pobre y dame el pibe. No es así. Si soy pobre dame
una vivienda, un trabajo, un plan social, una caja de preservativos”.
El impulsor del debate por la modificación, el
genetista Jorge Dotto dijo que “aprobando una nueva Ley de Adopción que ya
cuenta con media sanción en el Senado y está presta a discutirse en la Cámara
baja, se puede generar un sistema más ágil y eficiente”.
Antes de ser aprobada, la nueva Ley de Adopción debe
ser tratada por las comisiones que presentaron el proyecto. Mientras tanto, aun
son más de 14.675 niños, niñas y
adolescentes los que esperan, que la nueva ley los ponga nuevamente en el
centro de la escena.
Imagen perteneciente a la Campaña realizada por la Asociación Hindú para la Adopción y el Bienestar Infantil
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